Veinte organizaciones que representan a distintas actividades de producción y gestión de residuos han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica la suspensión temporal de la plataforma telemática eSIR, que deben emplear para trasladar sus residuos, hasta que se pueda garantizar su funcionamiento. Desde el 1 de septiembre es obligatorio emplear esta plataforma pero no está suficientemente operativa por su falta de capacidad de tramitación, continuos errores y dificultad de uso.
Todo ello hace imposible que se puedan realizar los trámites digitales que establece la legislación, lo que genera inseguridad jurídica e incumple los objetivos de la norma. La preocupación de los productores y gestores es que la situación actual puede llevar a la paralización de las recogidas de residuos, algo que tendría consecuencias sanitarias, medioambientales y en el empleo.
Por todo ello, estas veinte organizaciones han solicitado en un escrito dirigido al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se retrase la aplicación obligatoria de este procedimiento electrónico al 1 de enero de 2022 o se suspenda el plazo hasta que no se subsanen todos los problemas señalados. Además, reclaman la necesidad de establecer un trámite alternativo que otorgue seguridad jurídica cuando la tramitación electrónica no sea posible de realizar por causas ajenas a los administrados.
El objetivo de este procedimiento electrónico es poder trazar los residuos desde sus puntos de generación a los de tratamiento para asegurar el tratamiento más adecuado a sus características. Esto es algo que las organizaciones afectadas apoyan y promueven desde hace años, ya que la digitalización de este proceso es la piedra angular para lograr una economía más circular.
Sin embargo, a día de hoy, no es posible realizar este procedimiento de forma electrónica. En primer lugar porque los tiempos de tramitación son excesivos. Frente a las estimaciones que se hicieron cuando se anunció este nuevo sistema, que suponía emplear menos de cinco minutos por cada documento que se tramitara, actualmente se está llegando a emplear incluso una hora por documento. Estos tiempos son totalmente inviables si se tiene en cuenta que hay empresas que deben tramitar mil documentos diarios. Actualmente se está tramitando muy por debajo del diez por ciento de los documentos necesarios.
En segundo lugar, el estado de actualización de la base de datos que utiliza la aplicación, el Registro de Gestores y Productores de Residuos (RGPR), es insuficiente y presenta faltas y errores. Esta actualización, que es responsabilidad de las comunidades autónomas, debería ser constante para que todas las empresas del sector figuraran en ella, algo que no está ocurriendo. Finalmente, en estos momentos la plataforma no permite tramitar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Todo ello genera inseguridad jurídica porque desde el ministerio no se ofrece una alternativa temporal hasta que se solventen unos problemas que competen únicamente a las administraciones públicas.
La gestión de los residuos se mueve al ritmo de su producción y si se excede su capacidad de almacenamiento puede presentar riesgos para la salud y el entorno. Ante la situación actual de la tramitación electrónica, en las actividades sanitarias se acumularían residuos infecciosos y también habría dificultades de almacenamiento de los fluorescentes, pilas y RAEE por falta de espacio en los comercios de electrodomésticos. Esto mismo ocurriría en las actividades industriales, de gestión de residuos o en las instalaciones de recogida de residuos domésticos en los puntos limpios. Este escenario de paralización podría conllevar también la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
